Es una realidad incuestionable, la necesidad de establecer juzgados de familia especializados en toda España, dado que la falta de ellos origina una desigualdad para los millones de españoles que ven sus conflictos familiares dirimidos por jueces sin especialidad, mientras que otros tantos sí tienen acceso a dicha justicia especializada.
Aparentemente cada vez hay más conciencia de la trascendencia e impacto de esta materia en la sociedad, habiendo sido aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio Público de Justicia el pasado 12 de abril de 2022, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Sin embargo, todavía hay distintos asuntos que definir y enmendar, por lo que la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) presentó el pasado jueves 9 de junio en el Congreso sus alegaciones sobre este proyecto de ley, mediante las cuales insta a crear secciones de Infancia, Familia y Capacidad en cada uno de los futuros Tribunales de Instancia, y a intentar que se supriman términos que aparecen en el Proyecto, como son “cuando se estime conveniente” o en función de “la carga de trabajo existente en ese tribunal”, que dejan al albur la creación de estas secciones , alegando la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, entre otros:
“La puesta en marcha de estas secciones contribuirá a disminuir la violencia de género y de infancia que crece día a día. La especialización de jueces, fiscales, equipos psicosociales y de letrados de la administración de Justicia evita conflictos. La experiencia ha demostrado que los tribunales específicos en asuntos de Familia, Infancia y Capacidad aceleran la resolución de las crisis familiares -como es el caso de los divorcios, modificación de medidas y procedimientos de jurisdicción voluntaria-, disponen de más medios y ofrecen soluciones más acertadas porque sus conocimientos sobre esta materia son superiores”.
Lo que quisieron trasladar se traduce en que la calidad de la justicia no puede depender del lugar de residencia o empadronamiento del ciudadano, dado que los ciudadanos de las islas de Ibiza, Menorca, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o de ciudades como de Ávila, Segovia, Soria, Lugo, Zamora, Cáceres, Cádiz, Cuenca, Huesca, Palencia, Teruel, Toledo, Manresa, Loca o Avilés no disponen de tribunales especializados, y ello conlleva retrasos en el sistema judicial, como la demora de hasta un año de la resolución de medidas provisionales, o la falta de determinación del pago de la pensión de alimentos o de resolución acerca del domicilio habitual, que puede potenciar el origen de graves problemas como pueden ser situaciones de violencia de género y filio-parentales.
Asimismo, apoyándose en datos como la estadística del Consejo General del Poder Judicial del año 2019, donde el 25% de los asuntos civiles registrados en los juzgados y tribunales de España fueron de familia, AEAFA afirmaba este jueves que “exigimos que la familia y sus crisis tengan el mismo trato que las empresas, de lo contrario estamos cometiendo un agravio comparativo que no tiene justificación”, y ponía sobre la mesa la inminente necesidad de crear una correcta especialización en Familia, Infancia y Capacidad, por el mencionado Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, como bien se había dicho.
Autor: Maria Bernábeu Cruz