La nueva reforma de la LECrim. Cómo poner las investigaciones penales en manos de la Fiscalía
La LECrim y el fin del Juez instructor: eficacia procesal frente a independencia judicial
El Gobierno ha aprobado este martes, la nueva LECrim (Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal) con la que se constituye la reforma más profunda que ha sufrido el proceso penal español.
Esta reforma tiene como principal novedad el traspaso de la instrucción en los procedimientos penales, que pasa de los jueces a los fiscales, con el objetivo de agilizar las investigaciones y adaptar el sistema penal español a los estándares europeos en materia de justicia penal.
Asimismo, la nueva ley promete una mayor separación entre las funciones de instrucción y enjuiciamiento, si bien no son pocos los juristas que cuestionan esta afirmación, al considerar que la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal respecto del Poder ejecutivo dificulta hablar de una auténtica separación de poderes.
La reforma introduce también la figura del Juez de garantías, encargado de supervisar la actuación del Ministerio Fiscal durante la investigación y autorizar las medidas que afecten a Derechos Fundamentales, como registros o intervenciones. Su papel busca equilibrar el nuevo poder del fiscal, aunque su alcance real aún genera dudas en el ámbito jurídico.
El proyecto deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados, donde se debatirá y podrá modificarse antes de su aprobación definitiva.
Según el texto aprobado, la nueva LECrim atribuye al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal, asumiendo el control de la Policía Judicial, incluyendo unidades como la UCO y la UDEF. Con ello, el fiscal se convierte en la figura central del proceso penal, responsable de coordinar la obtención de pruebas y de impulsar las diligencias previas. Además, la reforma amplía el mandato del fiscal general del Estado de cuatro a cinco años, pretendiendo desvincular su duración del ciclo político del Gobierno, aunque esta medida ha suscitado dudas sobre su verdadera eficacia para garantizar la independencia del Ministerio Público.
Esta reforma, presentada como un avance hacia la eficiencia y la modernización, abre también un debate de fondo sobre el equilibrio institucional entre los poderes del Estado. El tiempo y la práctica dirán si el nuevo modelo logra agilizar la justicia penal sin sacrificar las garantías que sustentan el Estado de Derecho